Análisis a la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest

Abstract

El BID Invest es el brazo del Grupo BID, enfocado en el desarrollo económico a través de préstamos, inversiones de capital, garantías y servicios de asesoría y capacitación a las empresas privadas y estatales que promuevan proyectos en los principales sectores de la región de América Latina y el Caribe (ALC). El 10 de abril de 2020, el BID Invest aprobó la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social (PSAS), con la finalidad de buscar un balance entre la gestión de los riesgos ambientales y sociales que derivan en proyectos para ALC.La reformulación de la anterior política de salvaguardas trajo consigo un proceso participativo amplio e integral con la publicación de la propuesta inicial, la participación de las organizaciones interesadas, la devolución de las recomendaciones, entre otras. Estos momentos también implicaron el involucramiento de los principales actores afectados por las actividades del banco, como los pueblos indígenas, la sociedad civil y la ciudadanía en general. Sin embargo, en un momento fue observado por la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación (en adelante, Coalición Regional) y el Grupo Ampliado de Sociedad Civil del BID (en adelante, Grupo Ampliado). Mediante cartas enviadas a la Presidencia del banco en mayo de 2019, manifestaron que las condiciones para el aporte de observaciones y/o críticas al borrador de la política en 2019 carecieron de transparencia y canales efectivos de acceso a la información. Esta situación limitó el involucramiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como la claridad para diferenciar y explicar la marcha de dos procesos paralelos de revisión de políticas en el BID (lado público) y el BID Invest (lado privado), que finalmente han seguidos caminos dispares, cuando la realidad exigía una mejor articulación, sobre todo, por el contexto actual. Desde el inicio, el proceso para la generación de la nueva PSAS del BID Invest tuvo varios cuestionamientos, como, por ejemplo, los vicios relacionados con la falta de legitimidad necesaria por las partes interesadas, la transparencia debida y el alcance participativo en la región. Desde sociedad civil se elaboraron recomendaciones al documento propuesto por el BID Invest, en aras de desarrollar una política acorde con las necesidades de los grupos afectados y en el marco de las lecciones aprendidas en el acompañamiento de los proyectos y sus impactos. En junio de 2020 la política fue aprobada. Por ello, presentamos un análisis del documento final, a partir de las observaciones y/o críticas planteadas por la Coalición Regional y el Grupo Ampliado. En ese sentido, informamos que existen ciertas inconsistencias y falencias relacionadas con los compromisos asumidos por el banco, los clientes y los prestatarios sobre los aspectos ambientales y sociales. El documento entrará en vigor el 15 de diciembre de 2020, por lo que el panorama ocasionado por la COVID-19 no puede dejar de incluirse, ya que la actual situación que se vive en el mundo ha visibilizado graves problemas estructurales en el modelo de desarrollo actual. Por esa razón, también incluimos en nuestro análisis la conexión con la pandemia y con la problemática del financiamiento del BID en la región.